Se trata de un plan integral que se pondrá en marcha en marzo de 2008, con el fin de profundizar el sistema procesal “acusatorio”, en el que son ellos los que dirigen las investigaciones, en lugar de jueces o policías. Se enseñaran técnicas aplicadas en los países más avanzados.
Buenos Aires (Télam). Todos los fiscales del país comenzarán a ser capacitados en modernas técnicas de investigación criminal, con el fin de profundizar el sistema procesal “acusatorio”, en el que son ellos los dirigen las pesquisas en lugar de jueces o policías.
Además, los fiscales y los defensores públicos cursarán jornadas de “litigación” para perfeccionar su actuación durante los juicios orales y de esta manera mejorar los fallos de los jueces.
Este plan integral de capacitación, que se pondrá en marcha en marzo de 2008, fue aprobado por el Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, informó a Télam su presidenta y procuradora General bonaerense, María del Carmen Falbo.
Se trata de cursos intensivos de una semana que se realizarán por regiones y en forma simultánea en todo el país, dictados por expertos en cada una de las materias del país y del exterior.
En esas jornadas, los fiscales recibirán capacitación acerca de técnicas de criminalística para la recolección de evidencias desde el principio del caso y metodologías para continuar la investigación, aplicadas en los países más avanzados en el tema.
“Lo que decidió en Consejo por unanimidad es profundizar el sistema acusatorio pleno en todo el país y una de las primeras acciones que llevaremos a cabo es la capacitación de sus actores”, precisó Falbo.
La procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense explicó que “los procuradores de todas las provincias coincidieron, con algunas diferencias de características, en que se detecta una falta de conocimiento de técnicas de investigación”.
“Para el real cumplimiento del sistema acusatorio impulsaremos que los fiscales presencien, en las escenas de los hechos, los trabajos de los peritos y los médicos forenses, con el fin de garantizar las investigaciones desde su origen”, manifestó.
En síntesis, los procuradores de todo el país coincidieron en que los hechos delictivos deben ser investigados por los fiscales, bajo el control de jueces de garantías, y que los procesos penales a los imputados deben tener todas sus instancias orales.
Es por esta razón que también se realizarán cursos para que especialistas de la Argentina y del exterior en debates y audiencias orales aconsejen a los fiscales y a los defensores para mejorar su eficacia en esas instancias.
Los conductores de los ministerios públicos provinciales decidieron que el sistema procesal penal “acusatorio”, que funciona en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, debe ser expandido al resto de los distritos que aún no lo tienen y en forma plena.
Es que en la mayoría de los estados provinciales, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún está en vigencia el sistema “inquisitivo” -derivado de la Inquisición-, en el que sólo los jueces investigan, recolectan pruebas y resuelven en expedientes escritos y generalmente secretos.
Esta posición quedó fijada en el último encuentro de procuradores realizado el viernes último en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal, en el marco del Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público.
Del encuentro participaron el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Esteban Righi; el de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal general porteño, Germán Garavano y representantes de todas las provincias.
La conducción del consejo, presidido por Falbo, está integrada, además, por el vicepresidente Eduardo Samamé, de Chubut; el secretario Claudio José Ana, de La Rioja; y los vocales Aldo Saravia, de Salta, y Dario Vezzaro, de Córdoba.
En la “agenda 2008″, definida en la reunión, también está previsto impulsar acciones para extender a las provincias el sistema de “flagrancia”, mediante el cual en departamentos judiciales bonaerenses se acortan notablemente los procesos penales a las personas sorprendidas cometiendo delitos.
También se estableció la necesidad de crear un protocolo unificado en todo el país respecto a la “trata de personas”, con el fin de desarticular organizaciones delictivas dedicadas al tráfico, generalmente, de mujeres destinadas a la prostitución.
Otro de los puntos tratados fue la “desformalización de los procesos”, tendiente a terminar con los expedientes escritos y lograr la oralidad de las instancias, sobre todo en las que se determinan las “prisiones preventivas”. Además, se trabajará para lograr la unificación de criterios de financiación y autarquía, respecto a los presupuestos que tienen las cortes y los ministerios públicos, y reclamarán “que esto se impulse desde la Nación”, concluyó Falbo.
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